Aurten, aurrekoetan bezala, udal-aurrekontua PNV-koen parte hartze
bakarrarekin onartu da. Horren aurrean EH BILDU-k atzo egin zen
osoko bilkuran osoko zuzenketa aurkeztu zuen.
Ayer se aprobaron
los presupuestos del Ayuntamiento de Zamudio para el 2016, con los 7
votos a favor del PNV y los cuatro votos en contra de EH Bildu.
Este año, al
igual que todos los años anteriores, el presupuesto municipal se ha
aprobado con la sola participación del PNV de Zamudio. Ante esta
situación EH Bildu, presentó una enmienda a la totalidad, en el
pleno que se celebró ayer (...)
(CAS)
(CAS)
La enmienda
presentada por EH Bildu realizaba una fuerte crítica a la filosofía
de los presupuestos que nos fueron presentados: por defender el
modelo privatizado de servicios públicos, por no tener voluntad de
dotarse de herramientas para fomentar el empleo y garantizar derechos
básicos como la vivienda, por no utilizar criterios sociales tanto
en la recaudación como en la política de gastos, por la marginación
de los sectores socialmente más precarios, por defender una política
retributiva de los cargos electos escandalosa, por la ausencia de
políticas de igualdad, por la nula preocupación por la protección
de la población, por la ausencia de solidaridad con otros ciudadanos
afectados por guerras, hambrunas y pobreza, por la indiferencia
mostrada ante la construcción nacional etc.
Pero sobre todo
criticaba la forma en que habían sido elaborados y solicitaba su
retirada y pedía que se abra un marco de participación ciudadana de
debate y decisión para la elaboración de otros nuevos. Que las
vecinas y los vecinos de Zamudio pudieran decidir que presupuestos
quieren.
Dicha enmienda
fue rechazada por el PNV y seguidamente aprobaron los presupuestos
presentados por ellos, sin realizar ni un solo cambio.
Adjunto os
enviamos la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu
(EUS)
EH BILDU-k aurkeztu zuen osoko zuzenketak gogor kritikatzen zuen
aurkeztu zizkiguten aurrekontuen filosofia: zerbitzu publikoen eredu
pribatizatzailea defendatzen duelako, ez diogulako ikusten inolako
joerarik lana sustatzeko eta etxebizitza bezalako oinarrizko
eskubideak ez dituelako bermatzen, ez duelako irizpide sozialik
erabiltzen ez dirua biltzeko orduan ez gastatzekoan, gizarteko
sektorerik prekarioenak baztertzen dituelako, hautatuentzat
(zinegotziak eta alkatea) ordainsari eskandalagarriak defendatzen
dituelako, berdintasunerako politiken faltagatik, herritarren
babeserako ardura ezagatik, gerrak, pobrezia edo gosea jasaten ari
diren herritarrekiko elkartasun faltagatik, nazio eraikuntzagatik
agertzen duten interes faltagatik…
Baina, batez ere aurrekontua egiteko erabilitako moduagatik
kritikatzen zen. Aurrekontu hori baztertzea eskatu zen eta beste
berri bat egitea herritarren parte hartze zuzenarekin. Zamudioztarrek
eurek erabaki zezatela zer-nolako aurrekontuak nahi dituzten
Osoko zuzenketa hori baztertu egin zuen PNV-k, eta eurek eginiko
aurrekontuak onartu zituzten aldaketa txikiena ere egin gabe.
EH BILDU-k egindako osoko zuzenketa bidaltzen dizuegu erantsita.
En
unos presupuestos, que son eje central del accionar de cualquier
administración, quedan definidas perfectamente las prioridades y
los objetivos de la gestión. Es lo que concreta nuestro discurso
político, social y económico, y lo pone a prueba. Se puede hablar
mucho diciendo que se va a potenciar el empleo, el euskera, la
justicia social, la igualdad de género, la calidad medioambiental,
la soberanía alimentaria... pero si en los presupuestos no se
establecen medios concretos en cada campo, el discurso en ese sentido
queda empíricamente demostrado como falso.
Además,
la decisión sobre el diseño de los presupuestos es un asunto vital
para los intereses de la ciudadanía y si se usurpa el derecho de
esta a opinar, aportar, criticar y decidir sobre ellos, con ello no
se demuestra ni la más mínima voluntad de tener en cuenta a la
ciudadanía, en la toma de decisiones importantes que nos afectan a
todas y todos de forma muy directa. Y eso contradice completamente
los discursos donde se afirman que se van a abrir espacios de
participación ciudadana efectivos y que tan bien quedan, en campaña
electoral.
Cómo
recaudamos: qué criterios usamos para ello. Cómo gastamos: qué
prioridades concretamos y con qué objetivos. Es la demostración
más política de la gestión de cualquier institución. Y sobre
todo, lo que realmente define nuestros valores políticos, es cómo
se establecen precisamente esos criterios de ingresos y prioridades y
objetivos de gasto. La cuestión es si usamos esta democracia
delegada para gestionar y decidir sin tener en cuenta a la ciudadanía
hasta que dentro de cuatro años les volvamos a pedir el voto o, por
el contrario, llenamos esta democracia delegada de más democracia y
hacemos de la ciudadanía un sujeto activo y decisorio permanente.
Este
proyecto de presupuestos adolece de muchas cosas importantes. Y de
inicio, ya ha demostrado un fuerte déficit democrático. Sí, porque
las mayorías electorales nunca son más legitimas que la misma
ciudadanía. Y la ciudadanía, a pesar de que la ley permita su
exclusión en la toma de decisiones sobre la elaboración de los
presupuestos, tiene derecho a ser sujeto protagonista en todo el
proceso. Y apostar por ello o no, creando marcos concretos de
participación o negarlos, define la calidad democrática de todo el
proceso y también de quién lo lleva a cabo.
Hay
innumerables ejemplos de presupuestos participativos en ayuntamientos
por todo el mundo y, algunos, en ciudades importantes. No es algo
nuevo ni una utopía. Para llevarlos a cabo, sólo hace falta una
cualidad: voluntad política de poner a la ciudadanía en el centro
de nuestras iniciativas.
En
Estos presupuestos se recoge que Udalkutxa realiza una aportación de
2.060.000 €, el 26,41%, del total de los ingresos de las arcas
municipales. Por lo tanto, el resto de los ingresos proceden,
fundamentalmente, de los impuestos y tasas municipales. Esto
visualiza perfectamente un amplio campo recaudatorio con una gran
potencialidad para que los impuestos y tasas dejen de ser meros
instrumentos para recaudar o costear servicios y se puedan convertir,
además, en herramientas efectivas para potenciar el empleo,
garantizar derechos y combatir la desigualdad social.
Los
impuestos directos -Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos de
Tracción a Motor (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de Terrenos de Naturaleza Urbana- suponen el 42,87% de los ingresos,
aportando un total de 3.343.500€ a la tesorería municipal. De
ellos los más significativos, cuantitativamente hablando, son el IBI
y el IAE –sumando conjuntamente el 36,90% de la recaudación total
con 2.877.500€- que con la voluntad política adecuada se pueden
convertir, por su misma caracterización, en excelentes medios para
actuar en campos tan fundamentales como el empleo y la vivienda. Y
más teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, su importante
volumen económico.
Pero
frente a todo esto, nos encontramos que en los criterios de
recaudación tanto de los impuestos directos que hemos mencionado
como de los impuesto indirectos –Impuestos sobre licencias de obra
que suponen una estimación de ingresos de 350.000€, el 4,49% del
total de los ingresos municipales- no se plasma esa voluntad de
intervención real para hacer frente a las problemáticas básicas de
empleo, vivienda y justicia social. Con ello se desaprovechan, o bien
se rechazan conscientemente, las sinergías positivas que se pueden
fomentar en esos temas a partir de esa potencialidad que
intrínsecamente tiene un campo de recaudación que suponen
3.693.000€.
Los
ingresos provenientes de las tasas municipales prácticamente
completan el resto de los ingresos. De todas las tasas, las del Agua,
Basuras, Alcantarillado, Instalaciones Deportivas y la de Ocupación
de Suelo, Subsuelo y Vuelo, son las más importantes
cuantitativamente hablando. Estas, junto con las Compensaciones de
las Compañías Telefónicas, suponen globalmente unos ingresos de
1.745.500€; que viene a ser el 22,38% de los ingresos totales.
Hay
que tener en cuenta que, especialmente, tres de ellas –Agua,
Basuras y Alcantarillado- viene a cuantificar económicamente la
prestación de unos servicios que entran dentro de derechos humanos
fundamentales: el agua y el derecho a una vida en condiciones de
salubridad. Y por consiguiente, la garantía de esos derechos deben
de ser el criterio fundamental para el establecimiento de estas
tasas, y no su valor comercial. Nadie, por sus limitaciones
económico-sociales, puede ser privado de un derecho humano
fundamental como pueda ser el agua, ni sancionado ni perseguido
administrativamente de ninguna forma. Y en nuestro marco, Zamudio,
tenemos claras posibilidades reales para aunar la garantía de esos
derechos humanos, con la sostenibilidad económica del servicio.
En
definitiva, es necesario introducir criterios progresivos y sociales
tanto en los impuestos directos e indirectos como en las mismas
tasas. Es necesario romper esa lógica comercial en la recaudación,
y sustituirla por lógicas de sostenibilidad basadas en criterios
sociales y garantía de derechos.
En
el capítulo de gastos queda bien claro lo que defiende, y
promociona, el equipo del gobierno: un modelo privatizado de los
servicios públicos. Directamente, una de las partidas de gasto
definida como “Trabajos realizados por otras empresas” se lleva
el 23,34% del gasto total municipal, con 1.820.500€. Pero el modelo
privatizado está mucho más dimensionado de lo que nos puede decir
esa cantidad ya que a eso hay que sumar una parte importante de
1.450.000€, el 18,59% del presupuesto de gasto, que se catalogan
como “Transferencias a la Mancomunidad”; porque la Mancomunidad,
a su vez, es responsable de servicios privatizados tan importantes
como la recogida de basuras y el alumbrado público. Servicios con
costes millonarios y que indudablemente serán un buen negocio para
las empresas adjudicatarias.
Frente
a esto hay alternativa. Una alternativa real y contrastada. Es
necesario iniciar un proceso de desprivatizacion de los servicios
públicos e ir edificado una Empresa Municipal de Servicios, que
agrupe a los servicios municipales bajo una forma de gestión
pública y participativa, para garantizar un empleo de calidad, la
igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de todas y todos y
la capacidad de la ciudadanía para poder decidir sobre el diseño de
los servicios que recibe.
También
queda reflejado en los presupuestos una manera de entender la
dedicación de los cargos públicos. Se asigna un total de 307.000€,
el 3,94% del total del gasto municipal, como “Gastos en cargos
públicos”. Los sueldos brutos del alcalde y la teniente de
alcalde, más sus cuotas sociales, nos cuestan 134.000€ al año. Y
el resto de la corporación sustraemos de los presupuesto un total de
170.000€, en concepto de dietas por asistencia. Insistimos, una vez
más: es necesario revisar radicalmente esos criterios. Insistimos,
una vez más: es necesario bajar el sueldo del alcalde, suprimir la
segunda liberación y reducir drásticamente las dietas por
asistencia del resto de la corporación.
En
contraste con lo anterior, la partida definida como “Ayudas a la
familia”, que es la única partida que recoge ayudas directas a
personas, solamente tiene adjudicados 131.000€, el 1,68% del
presupuesto de gastos. A pesar de recoger apartados tan dispares como
las becas de estudio, atenciones benéfico asistenciales, ayudas a la
natalidad y subvenciones por el 5 contenedor.
La
mayor parte de esta partida se lo llevan las becas de estudio,
72.000€, a las que se niega expresamente su carácter de beca
social por tener consideración de premio para incentivar el estudio.
Ósea, resulta que la ayuda ni siquiera tiene vocación de ayuda.
Estudiar es un derecho que no se garantiza con “premios”. Por lo
tanto, es necesario aumentar significativamente la asignación a las
becas de estudio y adjudicarlas con un claro criterio social para que
realmente sean efectivas y tengan el sentido que debe tener una beca;
porque una administración lo que debe de hacer, ante todo, es
garantizar derechos y no preocuparse tanto de los premios.
Además,
la cuantía asignada a las atenciones “benéfico asistenciales”
choca con la realidad de los más de 170 desempleados de Zamudio y
las decenas y decenas de personas que cobran ayudas como el Renta de
Garantías de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda
(PCV) o perciben Ayudas de Emergencia Social (AES). Todas esas
personas, que muchas de ellas vivirán con ingresos inferiores al
umbral de pobreza, simplemente son tan visibles como los 30.000
euros que se asignan para “atenciones benéfico asistenciales”,
el 0,38% del presupuesto de gastos.
Para
superar esa situación, es necesario detectar y atender las
necesidades insatisfechas de todas las unidades familiares con
niveles bajos de ingresos, en riesgo de exclusión social o en
situación de pobreza. Es necesario implementar una política social
activa que ha de tener un reflejo importante en los presupuestos.
Queda
clara también la nula implicación en cuanto a las políticas de
igualdad de género ya que la cantidad asignada en este presupuesto
es de 16.985 €; esto es, el 0,21 % del presupuesto, de los cuales
6.985€ están destinados a la subvención de Lagunandre y los
otros 10.000€ se dedican, principalmente, a los actos que se
realizan en torno al 8 de marzo y el 25 de noviembre. Entendemos que
dichas actividades son necesarias pero no son una política real de
igualdad de género. Una política
de igualdad de género no se puede ceñir a las actividades
realizadas en torno a dos días señalados al año. Eso es cumplir
con un mínimo para quedar bien.
Las
políticas de igualdad de un municipio pueden abarcar objetivos muy
amplios, pero hoy en día es necesario realizar una política eficaz
en contra de la violencia machista ya que en los últimos tiempos han
aumentado los estadios de violencia machista, las violaciones, las
agresiones y los asesinatos.
Desde el ayuntamiento de Zamudio debemos comprometernos de manera
real a trabajar contra cualquier discriminación de género y sobre
todo este tipo de violencia, que es la expresión más grave de las
discriminaciones. Por ello, es necesario realizar un protocolo en
contra de la violencia machista y dotarlo del dinero suficiente para
su puesta en marcha.
La
preocupación para dotarnos de capacidad de respuesta ante la
posibilidad de una catástrofe también queda en entredicho en estos
presupuestos. Hay que tener en cuenta que Zamudio se encuentra en las
trayectoria de aterrizaje de la pista 30 y en la de despegue de la
pista 12 del aeropuerto de Loiu y que según se recoge en los
distintos análisis sobre seguridad aérea las fases de aterrizaje y
despegue son precisamente los momentos más críticos del vuelo de un
avión. En ese sentido, la autoridad aeroportuaria de Loiu, en el
plan de autoprotección del aeropuerto, recoge dos zonas críticas de
seguridad, la zona A que abarca las instalaciones y pistas del
aeropuerto y la zona E que abarca un radio de 8 kms del aeropuerto
como las zonas donde se puede contemplar un accidente aéreo. Zamudio
entra completamente dentro de esa zona E, una zona en la que según
datos de la propia AENA soporta más de 45.000 movimiento de aviones
al año.
Por
lo tanto, siendo la autoprotección el sistema de acciones y medidas
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el
sistema público de protección civil; y siendo una obligación
marcada por la ley elaborar planes de autoprotección en todos
aquellos lugares donde pudiera suceder catástrofes, el presupuesto
de este ayuntamiento tiene que contemplar la dotación económica
necesaria para llevar a cabo la elaboración de dicho plan, en
colaboración con las distintas instituciones y organismos que
necesariamente deben de estar implicados.
La
solidaridad que se mostró con la moción aprobada en torno a los
refugiados también queda sin una apuesta clara en estos
presupuestos. Ante la gravísima crisis humanitaria que se está
dando en Europa en la que miles de personas se están desplazando
huyendo de sus países por las guerras, las hambrunas y la pobreza,
vimos que era necesaria una respuesta conjunta y coordinada de todas
las instituciones vascas para implantar medidas que hicieran frente a
todo este drama humanitario. Por ello, Zamudio, con la aprobación
unánime de toda la corporación, se declaró municipio de asilo y
acogida de personas comprometiéndonos a aportar los medios
disponibles.
En
ese sentido, y para hacer realidad dicho acuerdo, vemos necesario que
en este presupuesto exista una partida concreta donde se refleje el
compromiso que adquirimos para ayudar y de dar asilo a las personas
que estaban sufriendo este drama. Y más aún cuando la previsión es
que el número de refugiados vaya en aumento durante el año 2016.
También
echamos en falta en este presupuesto un compromiso con la
construcción nacional de Euskal Herrika. Para ello debería existir
una partida para apoya proyectos que trabajan en ese sentido.
Consideramos oportuna la aportación económica a organismos
nacionales que con su trabajo diario contribuyen a la construcción
nacional. Organismos como UDALBILTZA, GAINDEGIA, EUSKAL MEMORIA y
KONTSEILUA, entre otros.
Es
necesario y urgente reordenar completamente las prioridades de los
gastos reflejadas en estos presupuestos. Hay que poner en el centro
los derechos y las necesidades de las personas y los colectivos más
desfavorecidos.
Ausencia
total de participación ciudadana. Defensa del modelo privatizado de
servicios públicos. Nula voluntad de dotarse de herramientas para
fomentar el empleo y garantizar derecho básicos como la vivienda.
Ausencia de criterios sociales tanto en la recaudación como en la
política de gastos. Marginación de los sectores socialmente más
precarios. Defensa de una política retributiva de los cargos electos
escandalosa. Ausencia de políticas de igualdad. Nula preocupación
por la protección de la población. Ausencia de solidaridad para con
otros ciudadanos afectados por guerras, hambrunas y pobreza e
indiferencia ante la construcción nacional. Esto es lo que tenemos
con estos presupuestos. Y EH Bildu no los va a apoyar ni por cómo se
han elaborado, ni por lo que defienden.
Por
lo tanto, presentamos esta enmienda a la totalidad solicitando que
este proyecto de presupuestos sea retirado y pedimos que se abra un
marco de participación ciudadana de debate y decisión para la
elaboración de otros nuevos. Que las vecinas y los vecinos de
Zamudio decidan que presupuestos quieren.
EH
Bildu Udal Taldea
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina